El desarrollo del juego en Chile comienza en el siglo XIX con la consolidación de la hípica como espectáculo urbano. La fundación del Club Hípico de Santiago en 1869 marcó el inicio de un circuito estable de carreras de caballos, al que posteriormente se sumaron el Valparaíso Sporting Club en 1882 y el Hipódromo Chile en 1904. Estos espacios no solo promovieron la actividad deportiva, sino que también introdujeron un sistema regular y estructurado de apuestas, convirtiéndose en el primer entorno formal de juego en el país.
La creciente relevancia económica y social de estas prácticas llevó al Estado a establecer un marco legal específico. En 1929, la Ley Nº 4.566 autorizó las apuestas mutuas en los hipódromos, institucionalizando el juego dentro de un sistema regulado. Este hito consolidó el paso desde prácticas dispersas hacia una actividad organizada, periódica y reconocida legalmente, sentando las bases del modelo chileno de regulación del juego.
Durante las primeras décadas del siglo XX, el juego amplió su alcance y adquirió un rol estratégico en el desarrollo económico y social del país. En paralelo al auge de la hípica, surgieron los primeros casinos vinculados al turismo, como el Casino de Pichilemu (1904–1906) y posteriormente el Casino Municipal de Viña del Mar, inaugurado en 1930. Estos espacios integraron el juego dentro de proyectos urbanos y balnearios, asociándolo al desarrollo local y a la atracción de visitantes.
En este mismo período, el Estado consolidó su participación mediante la creación de la Polla Chilena de Beneficencia en 1934, a través de la Ley Nº 5.443. Esta institución canalizó el juego hacia fines públicos, vinculando la actividad a la recaudación fiscal y al financiamiento de iniciativas sociales. A partir de este momento, el juego en Chile quedó configurado como una actividad permitida bajo condiciones específicas, orientada tanto al desarrollo territorial como a la generación de recursos para el Estado.
Entre la segunda mitad del siglo XX y comienzos del siglo XXI, el juego en Chile experimentó un proceso de modernización normativa y operativa. Durante este período se estructuraron las principales modalidades vigentes hasta hoy: las apuestas deportivas estatales fueron formalizadas mediante el DFL Nº 1.298 y la Ley Nº 18.851; la Lotería de Concepción consolidó su marco jurídico con la Ley Nº 18.568; y la hípica incorporó avances tecnológicos como la red Teletrak en 1986, que permitió realizar apuestas en tiempo real desde distintos puntos del país.
El proceso culminó en 2005 con la promulgación de la Ley Nº 19.995, que estableció el régimen moderno de casinos de juego. Esta ley definió los criterios de autorización, funcionamiento y fiscalización de los casinos, y dio origen a la Superintendencia de Casinos de Juego como entidad encargada de supervisar la industria. Desde entonces, el sistema chileno de juego se estructura sobre un principio central: solo pueden operar aquellas modalidades expresamente autorizadas por ley, bajo un esquema de control técnico, tributario y territorial. Los casinos, en particular, pasan a formar parte de una política de desarrollo regional, generando ingresos directos para municipios y gobiernos locales.
A partir de la década de 2010, la expansión de internet y el uso masivo de smartphones transformaron profundamente el acceso al juego en Chile. Las plataformas de apuestas online comenzaron a operar desde el extranjero, ofreciendo servicios de forma continua y accesible desde cualquier dispositivo conectado. Este cambio tecnológico amplió significativamente la exposición al juego, especialmente en apuestas deportivas digitales, generando nuevas dinámicas de consumo caracterizadas por la inmediatez y la disponibilidad permanente.
En el plano normativo, Chile mantiene un sistema en el que solo determinadas entidades cuentan con autorización para operar en línea, como la Polla Chilena de Beneficencia, la Lotería de Concepción y la red Teletrak. Sin embargo, las plataformas privadas internacionales han crecido en un contexto de regulación en desarrollo, lo que ha impulsado la discusión legislativa sobre la necesidad de establecer un marco específico para su funcionamiento. Actualmente, el país se encuentra en proceso de definición de este nuevo escenario, con proyectos de ley en tramitación que buscan regular las apuestas online, fortalecer la protección de los usuarios y establecer mecanismos de control acordes al entorno digital.